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McCartney demanda a Sony por el 'copyright' de The Beatles

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MALASIA AVIÓN - Malasia propone recompensar a quien encuentre los restos del avión perdido

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Las bases de Ahora Madrid plantan cara a Carmena por su política de pisos turísticos

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El Ayuntamiento de Madrid ha rebajado sus pretensiones en la toma de medidas contra la proliferación de pisos turísticos ilegales y la denominada 'turistificación', rechazando seguir la 'vía Colau' mediante moratorias hoteleras o sanciones a las plataformas que comercializan los alojamientos no regulados. Un giro que ha sido contestado desde los colectivos vecinales que habían visibilizado este fenómeno en auge, principalmente en el distrito centro de la ciudad, así como desde la plataforma ciudadana Ganemos, integrada en Ahora Madrid.

Tras la elaboración del informe que radiografía el sector, y que pretendía servir como base para el desarrollo de actuaciones concretas, el Gobierno municipal ha desestimado que existan “problemas de saturación similares a otras ciudades como Barcelona” y, pese a dejar la puerta abierta a tomar medidas preventivas para evitar una hipotética “saturación”, concluye que la realidad actual no obliga a “tomar medidas para limitar las posibilidades de implantación del uso de hospedaje en la ciudad”. Sobre la proliferación de apartamentos turísticos ilegales, se reconoce un fuerte crecimiento, “mayoritariamente a través de plataformas de internet”, y una fuerte concentración en el distrito Centro, pero se alega que la lucha contra este fenómeno es una competencia que recae en la Comunidad de Madrid.

Desde Ganemos se prepara ya un informe alternativo, con el que se trata de poner de relieve las consecuencias de la 'turistificación' en el modelo de ciudad, con consecuencias en la oferta del alquiler, mediante un alza de sus precios que provoca el desplazamiento de los vecinos hacia otras zonas. El edil Pablo Carmona, vinculado a esta corriente, arremetía en un artículo de opinión publicado en el periódico 'Diagonal' contra la falta de actuaciones para reducir la presión hotelera, teniendo en cuenta que “el aumento de plazas turísticas en Madrid no está alejado del que se ha producido en Barcelona”.

Las cifras que ponen sobre la mesa contradicen las conclusiones del informe oficial realizado por el Gobierno que dirige Manuela Carmena. En el barrio de Cortes, según señala el edil, “el número de plazas turísticas por cada 1.000 habitantes asciende a 858, mientras que en el barrio Gòtic de Barcelona, el índice es de 634”, mientras que la situación en el distrito Centro de Madrid “es equiparable en gravedad a la de Ciutat Vella, obteniéndose en los barrios de Sol y Cortes niveles de saturación más altos que en el Gòtic, la zona con más concentración hotelera de Barcelona”. Todo ello sin incluir los alojamientos no reglados: según los datos de las plataformas que los ofertan, existen “834 plazas no reguladas por cada 1.000 habitantes en el Gòtic frente a las 977 que obtenemos para Cortes”.

Sobre los alojamientos turísticos y su regulación, desde la Gerencia de la Agencia de gestión de Licencias y Actividades del ayuntamiento se contesta en un documento fechado el pasado lunes que son competencia de la Comunidad de Madrid y “resultan independientes del control urbanístico de la adecuación de las actividades al planeamiento y a la normativa urbanística que ha de llevarse a cabo por parte del ayuntamiento a través del régimen de licencias, declaraciones responsables y del ejercicio de las facultades inspectoras y de restauración de la legalidad urbanística atribuidas por las leyes”.

El concejal de Centro, Jorge Castaño, señalaba el pasado mes de diciembre en un foro que el tejido social y vecinal ya está incorporando entre sus demandas prioritarias la lucha contra este fenómeno, y lanzaba el guante a la presidenta, Cristina Cifuentes, anticipándole que “va a tener que darles respuesta”, reconociendo que la comunidad concentraba la mayoría de competencias. Sin embargo, se remarcaban también otras vías de actuación desde el plano municipal, siguiendo la estela iniciada por la alcaldesa Ada Colau en dicho foro, que precisamente se celebró conjuntamente con los miembros del Gobierno municipal de Barcelona que se encargaron de desarrollar medidas de contención de este fenómeno. Estas pasarían por los planes de uso, que permiten establecer un número máximo de comercios y establecimientos en función de la densidad.

Nuevos equilibrios en la ejecutiva

La alcaldesa Manuela Carmena suma así otro frente abierto con las bases de la candidatura municipalista, después de que esta semana se iniciase con una reprobación pública de la PAH Madrid por sus declaraciones contra la okupación de viviendas. En materia de urbanismo, la última guerra que la enfrentó al sector de Ganemos tuvo que ver con el derribo del Taller de Artillería. Finalmente se paralizó de forma cautelar por el TSJM, una victoria parcial en la guerra interna que se visibilizó por primera vez cuando seis concejales rompieron la disciplina de voto en contra de la construcción de pisos de lujo en este solar.

El choque entre los sectores de base y la corriente crítica con el equipo de la alcaldesa se remonta a los primeros pasos de Ahora Madrid en el ayuntamiento, pero se ha intensificado en las últimas semanas. Todo ello coincide con el proceso de reconstrucción de la ejecutiva de la candidatura municipalista, con vistas a preparar la sucesión, ya que Carmena no repetirá en las próximas elecciones de 2019. En el renovado órgano, todavía en ciernes, participarán dos miembros del núcleo duro de Carmena: Luis Cueto, coordinador general de la alcaldía y a quien los líderes de la oposición se refieren en privado como “alcalde en la sombra”, y Berta Cao, asesora de la primera teniente de alcalde y delegada de la 'superconcejalía' de Derechos Sociales, Empleo y Equidad, Marta Higueras.

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El número dos de Aguirre agita la guerra con Cifuentes e impugna su fecha del congreso

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La batalla del congreso regional de Madrid empieza antes de tiempo. Aunque no hay una convocatoria oficial, fuentes del partido afirman ya que la fecha prevista será la del puente de la festividad de San José —17,18 y 19 de marzo—, apenas un mes después de que se celebre el congreso nacional del PP. Todavía no hay candidaturas encima de la mesa. Ni siquiera la presidenta de la gestora madrileña y de la comunidad, Cristina Cifuentes, ha confirmado la suya. Sin embargo, los días elegidos para celebrar el congreso han comenzado a levantar ampollas en el partido conservador por el escaso plazo para preparar el cónclave después de la gran cita nacional.

Es el caso del número dos de Esperanza Aguirre en el ayuntamiento, el concejal y presidente del PP en el distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, que reconoce su "incredulidad" en vista del calendario seleccionado por la gestora y apunta a una "voluntariedad" directa para que se celebre poco más de 30 días después del congreso nacional, anulando en cierta manera las posibilidades de que haya alternativas y, sobre todo, haciéndolo coincidir con uno de los puentes más populares entre los madrileños y, por tanto, entre los afiliados.

De hecho, Henríquez de Luna ha incluido en su paquete de enmiendas para el congreso nacional una muy específica para frenar el objetivo de Cifuentes y aplazar la conferencia autonómica un par de semanas más, amparándose en los propios estatutos de la formación conservadora. En concreto, la normativa interna establece que "el plazo mínimo que habrá de mediar entre la fecha de convocatoria y la de celebración será de 45 días si se trata del congreso regional", y solo podrá transcurrir un tiempo superior en casos excepcionales. Una excepcionalidad que no existe en el presente caso, insiste la mano derecha de Aguirre en el consistorio madrileño.

Aguirre, Rajoy y Cristina Cifuentes, en el acto central de la campaña de 2015 en Las Rozas. (Reuters)

En todo caso, será el primer comité ejecutivo del PP tras el congreso nacional, el día 12 de febrero, el que decida la fecha final del cónclave regional. Cifuentes siempre se ha mostrado partidaria de que el de Madrid dé el pistoletazo de salida para el resto de congresos autonómicos. Henríquez de Luna, que asegura haber tratado el asunto con dirigentes regionales y nacionales, pide "coherencia" a la presidenta de la gestora para que todos los candidatos que quieran competir lo puedan hacer sin enfrentarse a recortes de tiempo "injustificados".

La única candidata que se da por segura es la presidenta de la comunidad —aunque todavía no lo haya confirmado—, a la espera de que otros aspirantes den un paso al frente. Henríquez de Luna no compromete, al menos de momento, su voluntad de presentarse, pero sí pide mantener "invariables" las normas internas.

El congreso regional abrirá el melón definitivo en la sucesión del partido en Madrid después de que el pasado febrero la 'lideresa' Aguirre dimitiera, asumiendo, según expresó, su "responsabilidad política" tras nuevas revelaciones sobre la trama Púnica y en reacción al registro de las oficinas de los populares de Madrid en busca de pruebas sobre la presunta financiación ilegal. Las informaciones, aseguró la portavoz conservadora en el ayuntamiento, desprendieron una "gravedad" suficiente para "asumir una responsabilidad política" y "presentar mi dimisión". Entonces, Mariano Rajoy decidió tomar las riendas de la formación madrileña y situó a Cifuentes al frente de la gestora, precisamente por el imprevisible calendario poselectoral que obligó —como por otro lado parecía evidente— a retrasar los congresos del PP.

Esperanza Aguirre, junto a Íñigo Henríquez de Luna, en una rueda de prensa. (EFE)

Limitar mandatos y que no se acumulen cargos

Henríquez de Luna ha presentado además otras tres enmiendas a la ponencia política y de estatutos del congreso nacional del PP con el objetivo de garantizar una mayor democracia interna en el partido. Entre las propuestas estrella que el número dos de Aguirre propone a la formación, están la separación efectiva de partido y Gobierno, limitar la acumulación de cargos y los mandatos en las responsabilidades de gobierno.

Sobre la primera de las cuestiones, el concejal popular afirma la necesidad de que los cargos institucionales estén "completamente separados" de los de partido como "garantía de los equilibrios y contrapesos" de la democracia. Por otro lado, evitar la acumulación de cargos es a ojos del dirigente la manera de garantizar la dedicación exclusiva a la responsabilidad que los ciudadanos o el partido encomiendan. Aunque el enunciado es absolutamente general, la propuesta mira directamente a algunos pesos pesados del partido, como es el caso de María Dolores de Cospedal, secretaria general de la formación y ministra de Defensa desde el pasado noviembre, cuya continuidad como número dos del partido se resolverá en el congreso.

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López Madrid, Fermoselle, Falcones... el juez archiva la guerra judicial de la 'jet' madrileña

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El titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, Juan Antonio Toro, ha vuelto a archivar el caso Infoglobal. Se trata de la segunda vez que este magistrado sobresee una investigación en la que se encuentran implicados los apellidos más ilustres de la 'jet' madrileña. El empresario Ignacio Comenge —socio de Coca-Cola, Ebro Foods, Bodegas Cvne o Ence—, Baldomero Falcones —expresidente de FCC, Mastercard y varias entidades financieras— y Marcos Fernández Fermoselle —antiguo dueño de Inmobiliaria Parquesol— se querellaron contra sus otrora amigos Guillermo Mesonero Romanos —expresidente de Puleva, que también estuvo vinculado con Parquesol o Grupo San José—, Javier López Madrid —consejero de OHL— y Lorenzo Mendoza —dueño del grupo Polar— al entender que estos últimos les estafaron cuando les invitaron a invertir en la empresa de ingeniería Infoglobal.

El juez admitió inicialmente la demanda cuando esta fue interpuesta en 2015, pero pocos meses después decidió archivarla porque consideraba que no había engaño previo, por lo que tampoco cabía un delito de estafa, como argumentaban los querellantes, dado que este ilícito penal requiere que haya voluntariedad, extremo que según el magistrado no había quedado acreditado. No había pruebas ni indicios, aseguró el instructor, que apuntaran a que la llamada a la inversión se llevara a cabo con intención de quedarse con el dinero.

Marcos Fernández Fermoselle. (EFE)

La decisión de Toro, sin embargo, fue corregida por la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó al juez reabrir la causa y llevar a cabo pruebas contables. De ahí que el magistrado decretara el análisis de las cuentas de la compañía, sus beneficios e ingresos anuales, con el fin de determinar si hubo pérdidas como consecuencia de una mala gestión o de algún tipo de plan organizado. El instructor pidió también que las partes presentaran informes periciales que respaldaran sus argumentos. Ninguna de las dos iniciativas, sin embargo, logró el éxito buscado por el alto tribunal madrileño.

Las cuentas no arrojaban conclusiones claras. Según fuentes jurídicas, lo determinante de este asunto era conocer si realmente entró dinero en la empresa en el ejercicio 2012-2013 para que la mercantil obtuviera beneficios para repartir entre los socios. Si la compañía no recibió ingresos suficientes, la cosa quedaría en que la pérdida de efectivo se produjo como consecuencia del riesgo que conllevaba la operación de inversión. Si, sin embargo, entró dinero, podría abrirse la puerta a que hubo una estafa, extremo que finalmente no quedó confirmado tras el análisis de las cuentas.

Los informes, por su parte, dejaban abierta la puerta a todas las posibilidades. Uno de ellos, elaborado por una consultora internacional y presentado por la defensa, no aclaró si López Madrid, Mesonero Romanos y Mendoza indujeron al resto a invertir a sabiendas de que la operación iba a ser fallida. El documento se limitó a describir que, con los datos que en el momento de la adquisición de acciones había sobre el negocio, los incitadores no podían saber que iban a perder.

El informe encargado por la acusación a una firma distinta, por su parte, concluía que es posible que los inductores de la inversión conocieran los elevados riesgos que conllevaba una inyección de dinero en ese negocio. También dejaba la puerta abierta, sin embargo, a la posibilidad de que López Madrid, Mesonero Romanos y Mendoza desconocieran que se trataba de una inversión temeraria. Ante la falta de indicios técnicos nítidos, por lo tanto, Toro incluso volvió a pedir un nuevo informe a una de las partes para ver si esta ahondaba en algunos puntos y ayudaba de este modo a desenmarañar lo que los querellantes aseguraban ver con lucidez. Tampoco este último documento logró el fin deseado, lo que provocó que el juez resolviera volver a archivar la causa por falta de pruebas que apuntaran a la comisión de un delito de estafa.

La guerra judicial, sin embargo, podría no haber terminado, ya que los querellantes han vuelto a recurrir la decisión de Toro ante la Audiencia Provincial, que deberá decidir si admite o no la protesta. Comenge, Falcones y Fernández Fermoselle recurrieron el archivo el pasado diciembre, con lo que presumiblemente aún quedan unos meses para que el alto tribunal madrileño resuelva y establezca si cierra definitivamente este asunto o, por el contrario, ordena de nuevo su reapertura, lo que tendría que hacer recomendando nuevas y concretas diligencias de investigación que hasta el momento no hayan sido practicadas.

Falcones, Comenge y Fernández Fermoselle argumentaron en su escrito de denuncia que sus entonces socios les engañaron para aportar cinco millones de euros —a través de la compra del 30% de la ingeniería— que permitirían a la mercantil firmar un contrato millonario en México y dar un paso crucial en su expansión internacional. La operación consistía en que Infoglobal se comprometía a trabajar con un socio local en la instalación de sistemas de telecomunicaciones y de seguridad en un centro penitenciario que se estaba construyendo.

Baldomero Falcones. (EFE)

Se trataba de un proyecto que iba a representar casi el 60% de la facturación de la compañía —por lo tanto, un negocio clave— y que, sin embargo, no llegó a ejecutarse por completo. Los querellantes aseguraron que López Madrid, Mesonero Romanos y Mendoza conocían los problemas que conllevaba el acuerdo y que no informaron de ellos a los nuevos inversores, extremo que negó la defensa, que argumentó que los inversores recibieron toda la documentación sobre la mercantil y sobre la operación para estudiarla con tiempo suficiente.

Los querellantes también consideran que aquella inversión fallida fue el detonante de la posterior suspensión de pagos de la compañía. En el momento en que se produjo la inversión, todos los implicados mantenían una buena relación personal que se ha torcido precisamente como consecuencia del enfrentamiento judicial, hasta el punto de que los implicados ni siquiera se saludan entre sí cuando la mercantil celebra junta de accionistas.

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"Los franceses atacan los camiones porque no pueden competir con nuestro vino"

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Un litro de vino francés a granel cuesta alrededor de 1,5 euros de media, tres veces más caro que el español. Esta diferencia de precio ha multiplicado las exportaciones en los últimos años, soliviantando por el camino a los productores del país vecino, que parecen estar recuperando una tradición casi olvidada: asaltar camiones con matrícula española y derramar el género sobre el asfalto.

Las autoridades españolas, sobre todo desde la embajada en París, llevan tiempo quejándose en silencio y elevando las protestas al Gobierno francés y a la Unión Europea. Ayer, el Ministerio de Asuntos Exteriores decidió hacer pública una nota de condena en reacción a dos nuevos ataques registrados en menos de 48 horas: uno en Grand-Gallardes y otro en Narbonne. “Estos hechos se producen con desafortunada periodicidad y son motivo de preocupación para el Gobierno de España, ya que representan una violación flagrante de los principios de la Unión Europea”, incidieron.

En ruta por Europa, Juan Francisco Gómez, un camionero que trabaja para Transportes Félix (Socuéllamos, Ciudad Real), narra por teléfono lo que le ocurrió hace dos noches. “Es imposible prevenir los sustos porque te paran y te obligan a tirarlo todo. Van en cuadrillas grandes, de ocho o 12 personas, intimidando. Te dicen que entra mucho vino español y que no puede ser. No sabes nunca cuándo te puede pasar y este lunes me tocó a mí”, dice.

Le pillaron medio dormido en el camión, en una estación de servicio, pasada la medianoche. “Pensé que eran unos borrachos porque empezaron a dar puñetazos en la puerta”. Cuando abrió la cortina se encontró “un grupo de señores mirando”. Bajé a ver qué querían y me preguntaron por lo que llevaba. Querían abrir la cisterna, algo que no se puede hacer porque si desprecintan ya no puedo descargar. Les tuve que enseñar los papeles para convencerles de que era zumo. Ellos buscaban solo vino y cuando logré convencerlos, se marcharon por donde habían venido. Tuve suerte”, recuerda.

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), repartiendo productos frente al consulado de Francia como protesta. (EFE)

La empresa asegura que en estos ataques no solo se pierde la mercancía. “A lo mejor, el transporte tiene marcada una ruta para recoger otra carga y todo eso se arruina porque hay que estar parado, ir a poner la denuncia... Es un perjuicio económico importante, aunque haya seguros y cosas de esas. Y es un susto para el trabajador. Aunque no hay lesiones, es un susto. Te paran por la fuerza, cierran el paso en plena carretera a veces... y abren los grifos. Aparecen con palos para asustar... No es agradable”.

Gran parte del vino a granel que se exporta a Francia proviene de la industria de Castilla-La Mancha o Extremadura, donde empresas como Transportes Félix llenan camiones cisterna con más de 25.000 litros de capacidad. Una parte de lo que se envía acaba mezclado con caldos locales o de otras latitudes, embotellado como vino francés y, en parte, exportado a todo el mundo.

“Los productores de Francia se quejan de que no pueden competir con los españoles en precio y culpan al Gobierno y a la Unión Europea. La verdad es que viven cada vez peor y el malestar es un caldo de cultivo para el Frente Nacional. A París le preocupa enfadarlos aún más, y por eso los gendarmes no actúan. Atacan un camión español y no les pasa nada. Les sale gratis”, asegura un comercial del sector con años de experiencia en el país vecino.

Desde la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), explican que se ha producido un repunte en los ataques. “Llevábamos un tiempo tranquilos. Pero ha vuelto la preocupación entre los ganaderos y, sobre todo, los viticultores. Es muy preocupante, porque los conductores ya están expuestos a asaltos y robos. Esto es un problema más para ellos. Tienen problemas por las cargas sociales e impositivas, pero es muy triste que paguen sus problemas con la gente más débil y tiren por la calle del medio”, dicen.

Las protestas de los viticultores franceses contra los caldos españoles vivieron tensos momentos en 2016, especialmente en abril, cuando se llegaron a verter 42.000 litros de vino cerca del paso fronterizo de Le Boulou, cerca de Perpiñán. España se ha convertido en los últimos años en el mayor exportador de vino del mundo, aunque al no disponer de una red de distribución tan consolidada como la de Francia e Italia, vende a precios muy inferiores y algunas regiones se han especializado en la venta a granel. Según el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), España exportó en 2014 a 1,11 euros el litro de media, cinco veces menos de lo que cobran los franceses por sus caldos cuando los envían fuera de su país.

“No sabemos cuánto va a durar la situación”, lamenta Juan Francisco. Yo miedo tampoco paso, porque sé que lo más que me pueden hacer es tirarme el vino. Yo desde luego puedo forcejear y resistirme un poco, pero tampoco mucho más. Si no los detiene nadie, ¿yo qué puedo hacer?”.

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¿Wifi gratuito en el metro de Madrid? Por ahora queda descartado: cuesta 57 millones

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Ciudadanos quiere que toda la red de Metro de Madrid tenga wifi. Una propuesta que el Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes cifra en 57 millones de euros y que de momento ve inviable económicamente, ya que las prioridades son otras en el suburbano madrileño. De todas formas, Ciudadanos y el Ejecutivo autonómico se sentarán a hablar del tema en la negociación de los Presupuestos de este año, que comienza este jueves. El único proyecto de la Comunidad de Madrid es ampliar la cobertura 4G en la red del metro, un proyecto presupuestado en unos 14 millones de euros.

"Vamos a exigir al Gobierno regional que instale wifi gratis en toda la red de Metro antes de que acabe la legislatura. Además, exigiremos también la instalación de estaciones de recarga de móviles tanto en andenes como en vagones". Ignacio Aguado, líder de la formación naranja, cree que la propuesta sí es viable. "Dada la elevada inversión económica que supone, apostamos por la firma de un convenio de colaboración público privada que permita reducir al máximo el coste para las arcas regionales". Ciudadanos quiere que los Presupuestos de 2017 incluyan una partida específica "para abordar los trabajos lo antes posible".

Hace años que se puede hablar con el teléfono móvil en la red de Metro de Madrid, un tejido de 294 kilómetros de andenes y 301 estaciones. La cobertura móvil en el suburbano madrileño depende de la empresa Metrocall, creada en noviembre de 2000 y participada en un 60% por Tecnocom y en un 40% por Metro. Su objeto social es "la implantación, gestión y explotación de la red que da soporte a la telefonía móvil en las instalaciones del metro". En 2005, Metrocall firmó un contrato con las principales operadoras para que estas pudieran utilizar la infraestructura ya instalada, basada en una red de cable radiante, antenas y repetidores.

El contrato termina este año, aunque puede ser prorrogado dos años más. Después de 12 años del acuerdo, la cobertura móvil no es total en la red de Metro de Madrid. Ni mucho menos. Cada operador decide qué servicio presta. Vodafone, por ejemplo, ya ofrece cobertura 4G a sus clientes "en torno a unas 100 estaciones", señala un portavoz de la compañía. Orange está cerca de esa cifra, "las 83 que están dentro de la almendra central de la capital, es decir, dentro del límite que pone la M-30, más todas las estaciones de la línea 8, que lleva al aeropuerto". Movistar no ha ofrecido los datos.

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, en una de sus visitas al metro de Madrid.

Lo de Ciudadanos, en principio, es una exigencia, no una petición, para que la formación emergente apoye los Presupuestos del PP. Aunque todo es negociable, ya que esa negociación incluirá muchos capítulos con distintos niveles de prioridad. "Vivimos en una sociedad hiperconectada en la que la Administración pública no puede quedar atrás. Una región como Madrid no puede permitirse quedarse al margen de la innovación y el progreso tecnológico", explican desde Ciudadanos. "El objetivo es que Metro ofrezca un valor añadido a los usuarios del suburbano, además de facilitar la vida a los turistas que vienen a Madrid que se encuentran sin datos y a los trabajadores que se mueven en metro con una cobertura de datos baja".

La formación naranja cifra en torno a los 60 millones de euros su propuesta y descarta la financiación privada, "ya que si la Comunidad de Madrid negocia de forma inteligente con los operadores, podría ahorrarse una cantidad significativa". No hay que olvidar que el suburnano madrileño transportó este 2016 a unos 580 millones de usuarios. El Gobierno regional estudiará la propuesta-exigencia. Ya maneja estudios que presupuestan el wifi gratis en toda la red en 57 millones de euros. En principio, las prioridades son otras, teniendo en cuenta que el Gobierno regional ha hecho en lo que llevamos de legislatura un importante esfuerzo económico implantando el abono joven de 20 euros (parte del coste repercute en Metro), contratando a 360 nuevos maquinistas (ofertará en breve otros 590 puestos de trabajo) y realizando obras de envergadura en las líneas 1, 7 y 8.

Lo que está claro es que el wifi gratuito será uno de los puntos de fricción en la dura negociación que se avecina entre Ciudadanos y PP. Cifuentes ya tuvo que pasar por caja para aprobar las cuentas de 2016. El apoyo de Ciudadanos (22 medidas aceptadas) tuvo un coste de 368 millones de euros. La idea ya estuvo en la agenda de anteriores ejecutivos autonómicos. En mayo de 2014, Metro concedió a la empresa Gowex la gestión y explotación de la red wifi gratuita del suburbano, un proyecto piloto que iba a comenzar en 10 estaciones, pero que al final se quedó en el cajón tras la quiebra semanas después de la compañía especializada en conexiones inalámbricas a internet.

Cobertura 4G y algunos cargadores

El único compromiso del Gobierno de Cifuentes en el capítulo reservado a mejorar las telecomunicaciones de los viajeros es ampliar la cobertura 4G, que anunció a los pocos meses de tomar posesión en 2015. Un proyecto presupuestado en unos 14 millones de euros y que aún no se ha implementado. A finales de año, la Consejería de Transportes presentó un proyecto piloto instalando dispositivos de recarga eléctrica para móviles y tabletas, mediante conectores USB, en todos los andenes de la estación de Moncloa y en dos trenes de la serie 8.000 de la línea 6 (24 puertos USB en cada tren).

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COREA DEL NORTE MISILES - Corea del Norte se dispone a probar dos misiles de largo alcance, según Seúl

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CHINA CONTAMINACIÓN - China prohíbe las alertas locales por contaminación mientras prepara la unificación

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Carreño espera a Djokovic en 3ª ronda

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GAMBIA CRISIS - Fracasa la mediación del presidente mauritano Abdelaziz en Gambia

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El ex mánager de Alanis Morissette le robó 4,8 millones

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TOSHIBA BOLSA - Toshiba se hunde en Bolsa por estimación de pérdidas mayores de lo previsto

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TENIS ABIERTO DE AUSTRALIA - Gasquet acaba con Berlocq, el último argentino

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EEUU TELEVISIÓN - Ryan Murphy planea grabar una temporada de "American Crime Story" sobre Mónica Lewinsky

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NICARAGUA RUBÉN DARÍO - Nicaragua celebra 150 años del nacimiento de su poeta universal, Rubén Darío

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"Peor que Obama no será": por qué Nicolás Maduro tiene esperanzas de que con la llegada de Donald Trump mejoren las relaciones entre Venezuela y EE.UU.

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El presidente de Venezuela despidió a Barack Obama vinculándolo con "tres golpes de Estado" en América Latina y pidiendo tiempo para Trump, contra el que asegura que hay una "campaña de odio".
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Trasladan al expresidente de EE.UU. George H.W. Bush a cuidados intensivos y hospitalizan a su mujer Barbara

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El expresidente de Estados Unidos fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Housto en el que se encuentra ingresado desde el pasado sábado debido a las complicaciones de una neumonía. Su esposa Barbara también fue ingresada.
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"Chirría que exijan el perdón por el Yak y pidan el acercamiento de etarras"

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"Los nacionalistas piensan que resolver la financiación es hacerlo en Cataluña y Euskadi"

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"La clase política independentista quiere mandar más y tener más embajadas"

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"La cerrilidad de sus élites ha impedido que Cataluña sea una gran capital global"

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El crowdfunding para la víctima de una violación que difundió Internet

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Los negocios del cuñado de Rita Barberá, en el punto de mira

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y Alaya chocan otra vez

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